Exigen proteger a usuarios del transporte en BCS

Abogados defensores de los derechos humanos solicitaron a las autoridades de Baja California Sur garantizar la prestación del servicio de transporte público en La Paz y Los Cabos, ante la amenaza de concesionarios de suspender actividades como medida de presión para exigir un incremento en las tarifas.

María Eugenia Alquisiras y Enrique Ríos señalaron que una eventual suspensión afectaría principalmente a los sectores más vulnerables, entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrían enfrentar dificultades para trasladarse y quedar expuestos a las altas temperaturas. Aunque el paro anunciado para el lunes 17 de agosto no se concretó, los abogados decidieron presentar formalmente su petición ante las autoridades.

Los juristas se trasladaron de Los Cabos a La Paz para entregar un documento sustentado jurídicamente, en el que plantean que un eventual aumento unilateral de las tarifas podría contravenir las leyes y reglamentos que regulan el transporte en Baja California Sur. La solicitud fue dirigida al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y entregada después del mediodía en la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado y ante las dependencias responsables del transporte público.

El escrito también hace referencia a las disposiciones legales que establecen los supuestos para la revocación de concesiones ante el incumplimiento o suspensión del servicio. Los abogados indicaron que, ante cualquier intento de interrumpir el transporte, las autoridades deben actuar conforme a lo establecido en el marco jurídico vigente.

Alquisiras y Ríos plantearon además la instalación de una mesa de diálogo para atender la problemática del transporte y propusieron que, en las comisiones Estatal y Municipal de Transporte, se incorpore un representante ciudadano, en el marco de la Ley de Participación Ciudadana, que contribuya a defender los derechos de los usuarios.

Los abogados señalaron que, hasta el momento, no han recibido una respuesta de las autoridades a sus planteamientos, por lo que analizan promover un juicio de amparo con el propósito de garantizar la apertura de un espacio de diálogo. Asimismo, recordaron que los estándares internacionales en materia de transporte contemplan condiciones específicas para garantizar un servicio adecuado a adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores que utilizan diariamente este medio de movilidad.

Ante este escenario, los defensores de derechos humanos reiteraron su llamado a privilegiar el diálogo y el cumplimiento de la legislación para resolver el conflicto relacionado con las tarifas, al considerar que cualquier decisión debe tomar en cuenta las necesidades de los usuarios y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la población de La Paz y Los Cabos.