En una conferencia de prensa convocada por organizaciones civiles, ex parlamentarias y activistas advirtieron que la iniciativa presentada por la diputada Arlene Moreno Maciel para modificar el Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur representa un retroceso grave en materia de derechos políticos de las mujeres y podría ser declarada inconstitucional.

Irma Patricia Ramírez, Maria Eugenia Alquiciras y Alma Margarita Oceguera señalaron que la propuesta, que plantea abrogar los decretos 2560, 2830 y 3043, viola el principio constitucional de progresividad al eliminar sin justificación mecanismos legales que garantizan la participación política y ciudadana de las mujeres, lo que contraviene directamente el artículo 1° de la Constitución federal.

Además, alertaron que la iniciativa incumple obligaciones internacionales del Estado mexicano, particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al restringir derechos ya reconocidos y debilitar medidas legislativas que deben fortalecerse, no desmantelarse.

También advirtieron que la reforma es incompatible con la Convención de Belém do Pará, al reducir espacios institucionales clave para prevenir la violencia política, estructural y simbólica contra las mujeres, y al concentrar decisiones definitivas e inapelables en la Comisión Permanente de Igualdad de Género, eliminando contrapesos y cerrando la participación plural.

Finalmente, las organizaciones señalaron que, de aprobarse la iniciativa, el Congreso del Estado se expone a acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo y control de convencionalidad, lo que podría derivar en la invalidez del decreto y un serio retroceso en la agenda de igualdad sustantiva, por lo que exigieron a las y los diputados frenar la propuesta y abrir un proceso de consulta real y transparente.